Alfredo Pacheco condena intento de arresto de diputada Millys Martínez y recuerda protección constitucional de los legisladores

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Alfredo-Pacheco -elperiodistard

Presidente de la Cámara de Diputados advierte que el artículo 86 de la Constitución prohíbe privar de libertad a un legislador sin autorización de su cámara, salvo en caso de flagrante delito.

Santo Domingo, República Dominicana. -El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la agresión sufrida por la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, durante un incidente en el que el coronel De León, de la Policía Nacional, intentó arrestarla, según se observa en un video que circula públicamente, en el cual la legisladora aparece esposada.

Pacheco expresó su rechazo a lo ocurrido y recordó que la Constitución de la República Dominicana establece garantías especiales para proteger el ejercicio de la función legislativa, las cuales deben ser respetadas por todas las autoridades, incluyendo los miembros de los organismos de seguridad del Estado.

Diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña

En ese sentido, citó el artículo 86 de la Constitución, relativo a la protección de la función legislativa, que establece que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo cuando sea sorprendido en el momento de la comisión de un crimen.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el respeto a estas disposiciones constitucionales es fundamental para garantizar el ejercicio independiente de las funciones de representación, fiscalización y legislación que corresponden a los miembros del Congreso Nacional.

Asimismo, recordó que la inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio personal, sino una garantía constitucional destinada a proteger el funcionamiento del Poder Legislativo y el equilibrio entre los poderes del Estado.

Pacheco reiteró que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución y las leyes, respetando las garantías institucionales que protegen a los representantes elegidos por el pueblo dominicano.

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