Estado dejó de recaudar RD$383,566 millones en 2025 por beneficios tributarios concentrados en sectores privilegiados, revela estudio de la UASD

• El gasto tributario acumulado entre 2008 y 2025 asciende a RD$1.295 billones, limitando la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y profundizando la desigualdad

Por Edwin DeLaCruz

Santo Domingo. -Un nuevo informe de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) revela que en 2025 el Estado dominicano dejó de recaudar RD$383,566 millones como resultado de beneficios y exenciones tributarias, una cifra que supera el presupuesto asignado a diez ministerios para 2026 y excede en RD$215,284.7 millones la inversión de capital prevista para ese año.

El estudio, elaborado por los economistas Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, advierte que el gasto tributario acumulado entre 2008 y 2025 asciende a RD$1.295 billones, equivalentes a “millones de millones de pesos”, concentrados principalmente en beneficios impositivos otorgados a zonas francas, generadores eléctricos, el sector turismo y contratistas del Estado, sin evaluaciones periódicas de resultados ni análisis actualizados de costo-beneficio.

Según el informe, el gasto tributario ha representado en promedio un 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período analizado, reduciendo de manera significativa la capacidad recaudatoria del Estado. Como resultado, la presión tributaria del país se mantiene entre 14% y 15% del PIB, muy por debajo de la meta de 21.5% establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para 2026 y del promedio regional de 23.5%.

Menos ingresos, más desigualdad

Los autores señalan que esta renuncia sistemática a ingresos fiscales limita la posibilidad de financiar políticas públicas orientadas al bienestar social y a la garantía de derechos fundamentales, al tiempo que contribuye al aumento de la pobreza y la desigualdad. En República Dominicana, el 10% más rico concentra el 59.5% del PIB y el 1% de mayores ingresos acumula el 24.9% de la riqueza nacional, una proporción seis veces superior a la de la mitad más pobre de la población, que apenas accede al 4.6%.

El informe destaca que, mientras la mayoría de la ciudadanía enfrenta una elevada carga impositiva al consumo y al trabajo, los beneficios tributarios al sector privado se concentran de forma desproporcionada: 40% del gasto tributario favorece a las zonas francas; 21% a exenciones de combustibles para generadores eléctricos; 8% al turismo; y 5% a suplidores y constructoras del Estado. Muchos de estos incentivos carecen de fecha de vencimiento y de mecanismos de evaluación.

Deuda y privatización como salida

La falta de ingresos fiscales, señala el estudio, ha sido compensada mediante el aumento de impuestos al consumo —como el ITBIS—, la no aplicación plena de la indexación al impuesto sobre la renta de asalariados, que afecta a cerca de 400 mil trabajadores, y un creciente endeudamiento público. La deuda del Gobierno ronda ya los 60 mil millones de dólares, equivalente a casi el 47% del PIB, con un peso cada vez mayor del pago de intereses en el presupuesto nacional.

Este contexto, advierten los investigadores, ha servido para justificar procesos de privatización en sectores clave como pensiones, salud, electricidad, transporte y autopistas, bajo el argumento de la limitada capacidad financiera del Estado.

Llamado a una reforma fiscal integral

Ante este panorama, el informe plantea la urgencia de una reforma fiscal integral y justa, orientada a recaudar en función de la riqueza y la capacidad de pago, reducir la carga impositiva sobre los salarios y los bienes y servicios esenciales, y frenar el crecimiento de la deuda pública. El estudio cuestiona la eficiencia de los incentivos actuales, al señalar que en 2024 cada empleo sostenido en zonas francas implicó un costo fiscal de RD$197.1 millones, mientras que en el turismo fue de RD$61.0 millones por empleo.

“La evidencia muestra que el problema no es la falta de recursos, sino a quién se le cobra y a quién no”, concluye el informe, al tiempo que insta a revisar los privilegios fiscales históricos y a reorientar el sistema tributario para garantizar derechos, bienestar social y un crecimiento económico más equitativo.