Cámara de Cuentas analiza impacto del nuevo Código Penal en la fiscalización pública

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Cámara de Cuentas analiza impacto del nuevo Código Penal en la fiscalización pública
  • La segunda Jornada de Actualización en Derecho Público reúne a especialistas para examinar las responsabilidades de los funcionarios, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales en las auditorías del Estado.

SANTO DOMINGO.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) inició este martes 27 de octubre la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público, dedicada al análisis del nuevo Código Penal dominicano y sus implicaciones en el ejercicio del control externo, la auditoría y la fiscalización de los recursos públicos.

El encuentro, que se extenderá hasta el jueves 29 de octubre en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede institucional, busca actualizar los conocimientos jurídicos del personal directivo y de los servidores de las áreas de auditoría y fiscalización, con énfasis en el debido proceso, la seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales de los auditados.

La apertura estuvo encabezada por el vicepresidente de la institución, Francisco Tamárez Florentino, en representación de la presidenta Emma Polanco Melo. También participaron los miembros del Pleno Ramón Méndez Acosta, Griselda Gómez Santana y Francisco Franco, coordinador de la jornada.

Tamárez Florentino destacó la importancia de la formación jurídica para garantizar que las labores de control externo se desarrollen conforme al ordenamiento legal vigente. En tanto, Franco señaló que la aplicación del nuevo Código Penal exige una comprensión integral de sus disposiciones y su relación con la Constitución, especialmente en materia de responsabilidad de los servidores públicos y protección de los derechos fundamentales.

La programación académica comenzó con la conferencia magistral «Novedades e impacto del nuevo Código Penal dominicano», impartida por el jurista, economista y periodista Ricardo Rojas León, quien examinó las principales innovaciones de la legislación y sus repercusiones en la administración pública.

Posteriormente, se desarrolló el panel «Constitución y nuevo Código Penal», moderado por Francisco Franco, con la participación de los especialistas Maribel Reyes, Roberto Medina y Brianda Trujillo.

La agenda del primer día concluyó con el panel «Auditoría, fiscalización y evidencia en los procesos penales», en el que Manuel Fermín, Leónidas Radhamés Peña Díaz, María del Pilar Zuleta y la procuradora fiscal Elizabeth Paredes analizaron el valor probatorio de los informes de auditoría, la pertinencia y licitud de las pruebas, el peritaje y la relación entre la fiscalización pública y los procesos penales.

Continuidad de la agenda

Este miércoles 28 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, la jornada continuará con la conferencia «Corrupción administrativa y nuevas responsabilidades penales de los funcionarios públicos. Cooperación e interacción entre la persecución penal y la Cámara de Cuentas», a cargo de la doctora Mirna Ortiz.

También se realizarán los paneles «Auditoría pública, responsabilidad de la persona jurídica y nuevo Código Penal», con Alberto Fiallo, Rosalba Ramos y Luis Fernández, y «Sanciones y régimen de consecuencias en el sistema de contrataciones públicas», con Raquel Miranda y Rafael Dickson Morales.

El jueves 29, la programación concluirá con la conferencia magistral «Retos y desafíos del nuevo Código Penal para la gestión pública dominicana», a cargo del doctor Servio Tulio Castaños, seguida del panel «Cámara de Cuentas, Código Penal y Declaración Jurada de Patrimonio: visto desde el Poder Legislativo», con la participación de Jesús Sánchez, Rogelio Genao Lanza, Wandy Batista, Carlos de Pérez y Rafael Barón Duluc, bajo la moderación de Ramón Peña y Francisco Franco.

Con esta iniciativa, la Cámara de Cuentas procura ampliar las competencias técnicas y jurídicas de su personal y promover una cultura de legalidad e integridad en la administración pública, mediante el análisis de los vínculos entre la fiscalización de los recursos estatales, la verificación del patrimonio de los funcionarios y el nuevo régimen penal, en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

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